Segundo refuerzo de la protección procesal del crédito: la Ley 4/2011, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil

El jueves 14 de abril de 2010 entra en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil dirigida a adaptar nuestro ordenamiento sistema procesal civil a los procesos europeos monitorio y de escasa cuantía. Se da así un nuevo impulso legislativo a los procedimientos de reclamación de deudas dinerarias, en la línea iniciada por la Ley 13/2009 (de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial), que incrementó la cuantía de los créditos susceptibles de reclamarse a través del juicio monitorio de 30.000 a 250.000 €, y la del juicio verbal de 3.000 a 6.000 €.

Pese a su denominación, la reforma contiene dos grupos de normas:

    • El primer grupo contiene los preceptos dirigidos a adaptar nuestro sistema procesal civil a los Reglamentos (CE) nº 1896/2006 y 861/2007, por los que se establecen dos procedimientos reservados para litigios transfronterizos: el proceso monitorio europeo (reclamación de créditos dinerarios no impugnados) y el proceso europeo de escasa cuantía (reclamación de deudas no superiores a 2.000 € en concepto de principal). En síntesis, se introducen en la LEC tres nuevas disposiciones finales (23ª a 25ª), en las que se establece la obligación de las Administraciones públicas competentes de poner a disposición tanto de los tribunales como de los ciudadanos los formularios contemplados en los Reglamentos, y se prevén determinadas normas sobre competencia judicial, tipo de resoluciones a adoptar en cada caso y su coordinación con esos formularios, régimen de recursos y normas procesales supletorias.
    • El segundo grupo modifica determinadas normas procesales para armonizarlas con las que contienen los Reglamentos, de forma que cualquier acreedor pueda beneficiarse de las mismas. Así, en los juicios verbales se eleva de 900 a 2000 € la cuantía de los mismos en los que no es necesaria la intervención de Abogado y Procurador, en consonancia con la cuantía del proceso europeo de escasa cuantía, mientras que en el juicio monitorio se introduce la posibilidad de que el juez proponga al demandante otra cuantía inferior y distinta a la que figure en su petición, en línea con lo que se establece para el proceso monitorio europeo.

Finalmente, la Ley está también marcada por el afán recaudatorio que viene caracterizando las últimas reformas procesales. En concreto, se modifica el artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, para incluir dentro del hecho imponible de la tasa judicial la petición inicial del juicio monitorio y la iniciación del proceso monitorio europeo. Bien es cierto que a cambio se introduce una nueva exención que impide el doble pago de la tasa en los casos de oposición del deudor. Sin embargo, pasan a verse gravados por la tasa todos aquellos procesos monitorios en los que tal oposición no se produce, que hasta ahora estaban exentos.